Cuba: Examen en Ginebra

Cuba: Examen en Ginebra
Juan Gasparini
25 de mayo de 2012

GINEBRA (apro).- Las detenciones arbitrarias en Cuba "contra elementos
políticos hostiles al régimen" pueden durar hasta una semana, las llevan
a cabo diferentes organismos de seguridad del Estado y habrían sido 2
mil 400 en lo que va del año, unas 420 sólo en el pasado mes de marzo.

Así lo denunció el Comité de la ONU contra la Tortura y otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes ante el que Cuba compareció la
semana pasada en Ginebra.

La acusación –negada en forma unánime por los delegados cubanos– fue
pronunciada por dos de los diez expertos independientes de diferentes
nacionalidades que componen este Comité: la noruega Nora Sveaass y el
español Fernando Mariño Menendez.

La denuncia significaría una criminalización de la protesta social,
definida por la peligrosidad potencial de las víctimas, un fenomeno que
hermana en la técnica represiva a la socialista Cuba con varios otros
paises capitalistas latinoamericanos.

Sin embargo, para el embajador de Cuba en Ginebra, Alfonso Reyes, la
información es falsa y su origen abreva en agentes de los servicios de
inteligencia estadunidenses que trabajan para anexar a la isla mayor del
Caribe a Estados Unidos.

Sveaass y Mariño pidieron asimismo a Cuba, entre otros casos, que
aclarara dos muertes: la del disidente Wilman Vilar Mendoza, condenado a
4 años de cárcel, quien sucumbió el 21 de enero de 2012 tras 50 dias de
huelga de hambre; y la del opositor Juan Soto García, el 7 de mayo de
2011, presuntamente abatido de manera salvaje en cautiverio.

El vicefiscal general de Cuba, Rafael Pino Becquer, quien también
participó en las dos jornadas de debates en Ginebra, indicó que los
fallecimientos de presos en Cuba son objeto de control judicial por
investigaciones de oficio, con sus debidas autopsias, y que no existió
violencia en las causas esos fallecimientos.

No obstante, Pino Bécquer admitió que "del 2007 a 2011 fueron atendidas
en la Fiscalía 419 mil 982 personas que presentaron denuncias, quejas o
peticiones", de las cuales 263 fueron por malos tratos en lugares de
detención, en razón de lo cual "resultaron penalmente responsables 46
agentes de las fuerzas del orden", castigados con sanciones entre uno y
ocho años de cárcel.

Durante las deliberaciones la experta de Marruecos, Essadie Belmir,
estimó que la justicia en Cuba no es independiente porque no existe
separación de poderes en el sistema de gobierno y los tribunales
dependen de la Asamblea Nacional o del Consejo de Estado, la estructura
ejecutiva de gobierno nacional, lo que consideró que es una debilidad
para prevenir y combatir la tortura.

Pino Bécquer le salió al paso. Afirmó que los magistrados en Cuba
obedecen la ley, existen garantías jurídicas, no existen lugares
secretos de detención ni se practica la tortura.

La experta de Estados Unidos, Felice Gaer, abogó por su compatriota,
Alan Gross, detenido el 4 de diciembre de 2009, reiterando la petición
de liberación efectuada por el expresidente James Carter. Cuba replicó
que Gross fue condenado por atentar "contra el orden constitucional
cubano", supuestamente instigado por Estados Unidos, al que ha ofrecido
"dialogar para encontrar una solución", sin tener todavía respuesta.

El experto de Senegal, Abdoulaye Gaye, criticó que la tortura no sea un
delito que se castigue en el Código Penal de Cuba, que haya detenciones
de caracter indefinido, sin plazos maximos, y requirió se le informe si
un detenido puede elegir a un médico para que lo examine. Cuba reconoció
que el delito de tortura no está aun tipificado como tal en su
legislación. Aseguró que esta ausencia legal se va a remediar por medio
de una reforma en curso y agregó que las detenciones sólo las puede
llevar a cabo la policia y por 24 horas, las que pueden prorrogarse
hasta 72 horas bajo orden de la fiscalía. Luego el juez procesa o libera
al detenido.

El experto de Japón, George Tugushi, manifestó que la situación en las
penitenciarias de Cuba es de hacinamiento, malnutrición, mala higiene y
propagación de enfermedades, en las que se propinan palizas a los que
protestan, y se fuerza al exilio a detenidos, con penas de 5 años de
carcel si no aceptan.

Cuba lo desmintió. Dijo que la capacidad carcelaria es holgadamente
suficiente: hoy de 57 mil 337 presos. Aseguró que las condiciones son
humanamente aceptables, carentes de golpizas e intimidaciones. Los
representantes cubanos no asumieron la existencia de traslados forzozos
ni desplazamientos en el territorio nacional. Tampoco reconocieron el
exilio interno o externo.

El chileno Claudio Grossman, presidente del Comité, cuestionó el
criterio de "proclividad" a cometer delito contra "la forma de vida
socialista" que rige en Cuba para sostener condenas a muerte,
insistiendo en la posición de la ONU en la materia, de promover su
abolición.

Grossman sostuvo que existen juicios sumarisimos de tres dias, sin
intervencion visible de los abogados defensores, ante tribunales que han
proclamado la pena capital. Cuba adelantó que espera algun día se reunan
las condiciones para prohibirla, y avanzó que estudia ratificar los dos
pactos fundadores de Naciones Unidas: el de los derechos civiles y
politicos y el de los derechos económicos, sociales y culturales, para
dejar de ser el unico país del mundo que no lo ha hecho. Además, y con
ambiguedad diplomática, dejó vislumbrar que podría alguna vez ratificar
las Convenciones de la ONU sobre los Estatutos de los Refugiados y de
los Apátridas, adoptadas respectivamente en Ginebra, el 28 de julio
1951, y en Nueva York, el 28 de septiembre de 1954.

http://www.proceso.com.mx/?p=308782